EQUO es un nuevo partido político cuyas señas de identidad son la defensa de la sostenibilidad, la democracia participativa, la justicia social, la equidad y los Derechos Humanos.
Trabajamos para la formación de un amplio movimiento sociopolítico que promueva soluciones viables a los grandes desafíos de nuestro tiempo y para ofrecer un cauce de participación política para todos aquellos que no se resignan a contemplar pasivamente la actual situación. Una formación capaz de dar una respuesta de forma participativa a las demandas ciudanas y que, frente a los partidos tradicionales, se propone recuperar el sentido de la política como un instrumento de transformación y gestión colectiva.
En este camino EQUO empleará medios organizativos acordes con sus finalidades emancipadoras, basados en la transparencia, la participación democrática en las deliberaciones y en las decisiones, el trabajo en red y desde abajo, en la elaboración política colectiva y horizontal, en el principio de una persona un voto y la equivalencia de todos los votos representados, en la paridad de género y en la representación proporcional y equilibrada de todas sus organizaciones territoriales.
EQUO se constituye para la acción política y social y se dotará de los medios organizativos que le permitan aparecer con una propuesta común y una acción coordinada de sus miembros y organizaciones territoriales.
Asimismo EQUO, reconociendo la realidad territorial del Estado español, trata de construir una verdadera cooperativa política capaz de vertebrar las diversas experiencias territoriales que lo forman, en un sentido federal y basado en el principio de subsidiariedad. En este contexto se ha constituido EQUO, un partido formado por personas que compartimos una trayectoria de trabajo a favor de la sostenibilidad ambiental y la equidad social, surgido con la voluntad de dinamizar un amplio movimiento sociopolítico que promueva soluciones viables a los grandes desafíos de nuestro tiempo y ofrezca un cauce de participación política a todos aquellos que no se resignan a contemplar pasivamente la actual situación.
EQUO quiere conectar también con las ciudadanas y los ciudadanos que aspiran a vivir de una manera distinta, que no sea tan dependiente del consumismo y la acumulación de propiedades y deudas, sino que repose en un consumo más responsable y en una mejor calidad de ocupación y de vida, en la que adquieran verdadero sentido palabras como felicidad, justicia, sostenibilidad…
En especial, EQUO quiere ofrecerse como un espacio de acción política para las generaciones emergentes de jóvenes descontentos ante la crisis social y ambiental que azota la humanidad, dispuestos a comprometerse generosamente para encontrar individual y colectivamente soluciones de actualidad a los desafíos de nuestro tiempo.
Ese compromiso equivale a una práctica política capaz de dar una respuesta de forma participativa a las demandas ciudadanas, recuperando la confianza de la población en la acción política y adoptando propuestas sólidas y novedosas dirigidas a la consecución de la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Frente a las políticas de los partidos tradicionales, EQUO propone recuperar el sentido de la política como un instrumento de transformación y gestión pública colectiva que dé respuesta a las necesidades, sueños y aspiraciones de las personas y de la sociedad, para hacer posible la felicidad cotidiana dentro de los límites ecológicos del planeta.
EQUO hace una apuesta fuerte por la regeneración democrática y para ello se compromete a que sus cargos públicos cumplan escrupulosamente principios éticos —como los establecidos en el Decálogo de compromisos de los cargos públicos aprobado en su Asamblea Constituyente celebrada en Rivas—; basados en la transparencia, la rendición de cuentas y la renuncia de privilegios.
Desde su arranque, EQUO ha movilizado a miles de personas y a decenas de organizaciones y partidos, que decidieron unirse generosamente con el objetivo de construir un nuevo espacio socio-político capaz de dar respuesta a las crisis en las que vivimos, desde los planteamientos de la ecología política, la equidad social, la defensa de los derechos humanos y la regeneración democrática y ética. EQUO nace para civilizar la política y repolitizar la sociedad en cooperación con la ciudadanía y los movimientos sociales.
El pensamiento ecológico y social que EQUO representa ha alcanzado ya un cierto grado de madurez y permeabilidad en la sociedad, pero todavía muy insuficiente.
Por ello EQUO asume la responsabilidad de hacer realidad un proyecto común en el que se integren o se reconozcan personas —independientemente de su condición identitaria—, entidades y organizaciones políticas diversas, que le permita alcanzar una presencia política y una representación institucional decisiva, para expresar una voz coherente en defensa de los intereses sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
EQUO se constituye en una organización política a la altura de los retos del siglo XXI, para contribuir de manera decisiva a la transformación de la sociedad hacia la sostenibilidad ambiental, la equidad social y la democracia real: radicalidad democrática, laicidad, republicanismo, ética ciudadana, responsabilidad, autonomía y solidaridad. Pero para generar el cambio necesario se requiere otra política diferente a la ofrecida por los partidos tradicionales y se necesitan otras prioridades en política.
Las movilizaciones sociales y laborales que en estos años se están produciendo, expresan el profundo malestar social y el descontento ciudadano con el funcionamiento del sistema político y económico, con el comportamiento de los poderes económicos y de los representantes políticos, y con la corrupción.
Sin embargo, existe aún una enorme brecha entre la acción social y el plano electoral. Los resultados electorales han beneficiado a los principales responsables de la crisis. La derecha ha encontrado un gran apoyo electoral que le ha permitido instalarse con mayoría absoluta en buena parte de las instituciones representativas y Gobiernos ejecutivos, aunque sus políticas antisociales podrían erosionar rápidamente ese apoyo.
El desgaste de la socialdemocracia la ha llevado a perder un enorme caudal de votos, que solo parcialmente ha sido capitalizado por opciones de la izquierda tradicional. Esto indica que existe un amplio espectro electoral que no encuentra su espacio de participación política y que podría ser atraído por una opción de ecología política, equidad social y radicalidad democrática. La crisis ha puesto al descubierto las debilidades estructurales de la economía de nuestro país y particularmente del modelo productivo español. La profundidad de la crisis no ha sido el resultado de la rigidez de las relaciones laborales. Tampoco se debe a un exceso de gasto social cuando ha sido bastante menor que el de los países de nuestro entorno, como también ha sido menor la recaudación fiscal. Se debe a un modelo productivo dependiente de la especulación y el ladrillo, que además ha fomentado la corrupción a unos niveles alarmantes. Las inversiones públicas y las ayudas europeas se han orientado a desarrollar infraestructuras ambientalmente insostenibles y económicamente ineficientes. Se dijo que eran para generar y consolidar el empleo, pero era falso: ahora España es el país con más kilómetros de autovía y de alta velocidad ferroviaria y con más aeropuertos por habitante y es también el que acumula la mayor tasa de desempleo.
Sin embargo, la peculiar situación española en el contexto europeo e internacional, aconseja una senda de desarrollo diferente, un cambio de modelo productivo. Posibilidades no nos faltan: contamos con la mayor riqueza en biodiversidad de la Unión Europea, con un potencial extraordinario en el desarrollo de las energías renovables, con la mayor superficie cultivada de agricultura ecológica, con excelentes profesionales en ámbitos como la salud, la investigación científica y la educación, con una sociedad civil activa y comprometida…, que podrían llevar a construir un desarrollo diferente y con futuro, así como una transición justa para alcanzarlo.
Las reformas necesarias solo pueden ser concebidas en un contexto mundial, en el que Europa es nuestro hogar. La Unión Europea es la primera que debe adoptar medidas de cambio. En primer lugar, porque los países que la forman han explotado más que ninguna otra región sus recursos naturales y los de terceros países y, por ello, tiene una enorme deuda ambiental pendiente. Pero también porque, debido a sus capacidades económicas y tecnológicas y gracias a la vitalidad de su sociedad civil, es un espacio privilegiado para emprender un cambio con influencia mundial. A pesar de todos sus defectos y carencias, la Unión Europea ha construido un espacio de paz y cooperación entre los veintisiete Estados y los numerosos pueblos que la componen; ha construido un sistema de protección social y derechos laborales del que carecen otras regiones del mundo; ha liderado los primeros pasos de la agenda climática internacional; ha fomentado cierta protección de los espacios naturales e impuesto algunas restricciones a la industria y al uso de sustancias químicas…
Pero la Europa social está en peligro en un mundo de economía globalizada, en el que la globalización de los mercados no ha ido acompañada de una globalización de los derechos políticos, sociales y laborales. Los intereses de las élites económicas europeas e internacionales, con el apoyo de los partidos políticos tradicionales, están sometiendo a Europa a un proceso de debilitamiento del Estado del bienestar y de abandono de toda política de responsabilidad ambiental que exige una respuesta social y política. O Europa recupera su dimensión social y medioambiental, o se convierte —como ya está sucediendo— en una herramienta al servicio de la supremacía de los mercados financieros sobre la economía real y sobre las instituciones democráticas.
Necesitamos influir en Europa, no sólo porque es en Europa donde se adoptan las decisiones políticas que tienen más influencia en la vida de los ciudadanos, sino también porque de lo que suceda en Europa depende el devenir de los derechos sociales, laborales y ambientales en el mundo. Hace falta un modelo diferente de construcción europea y un modelo alternativo de desarrollo. La legitimidad del proyecto europeo se logrará reinventando el lugar de Europa en el mundo y extendiendo las políticas de protección social y ambiental en vez de debilitarlas.
Una economía al servicio de las personas y compatible con los límites del planeta implica al menos: una relación y equilibrio diferentes entre la acción pública y el mercado, recuperando el control público democrático de los bienes comunes, sean estos los recursos naturales o las instituciones económicas fundamentales para el buen funcionamiento de la economía; una redistribución de responsabilidades entre la empresa, la gestión pública y el tercer sector; otra forma más participativa y cogestionada de adoptar decisiones económicas en la gestión pública y en la privada, con mecanismos efectivos de participación social; un sistema regulado de responsabilidad social y ambiental para las empresas y Administraciones públicas que garantice decisiones responsables para con la comunidad, sus empleados y el medio ambiente; así como un sistema de acountability o rendimiento de cuentas plenamente transparente.
Implica también una nueva fiscalidad más justa, en la que contribuya más quien más tiene y más consume; con capacidad de recaudación suficiente para mantener los pilares del Estado del bienestar, la educación, la salud pública, la asistencia sanitaria y la atención a las personas dependientes, la protección social y la lucha contra la exclusión y la pobreza. Una fiscalidad ambiental que incentive las actividades sostenibles y penalice el derroche de energía y recursos, que sustituya la presión fiscal sobre el empleo por una mayor presión sobre el uso de los recursos.
Asimismo supone revalorizar las comunidades de proximidad y estimular los procesos de relocalización, la preservación de los recursos locales y la soberanía alimentaria. Significa también optar por la economía de la funcionalidad, en la que el valor reside en los servicios que suministra la actividad económica, no en los productos, lo que facilitaría saltos económicos de factor 10, 20 o incluso más; es decir, proveer cinco o diez veces más de servicio con la mitad de recursos productivos.
El PIB no puede seguir siendo el indicador sobre el que adoptar las decisiones económicas; se necesita un nuevo diseño de indicadores, más allá del PIB, que contabilice el patrimonio natural, el desarrollo humano y la felicidad de las personas. Algunos de estos indicadores ya existen, como el índice de desarrollo humano (IDH) y la huella ecológica, y los avances en materia de elaboración de nuevos indicadores son muy prometedores.
Tampoco el crecimiento ilimitado del PIB puede ser el objetivo, porque ni el PIB es un indicador apropiado ni su crecimiento tiene en consideración los límites del planeta; una opción de “contracción y convergencia” con contracción y decrecimiento para unos y crecimiento y convergencia para otros, con declive y decrecimiento de unas actividades para el desarrollo de otras, es un planteamiento mucho más sostenible, equilibrado y equitativo. El bienestar presente y futuro de las personas requiere capacidad de generar resiliencia respecto a las constricciones naturales en vez de acumulación, vía crecimiento, por encima de las capacidades del planeta.
Para la elaboración de una alternativa económica superadora del capitalismo y del productivismo no se parte de cero. En los últimos tiempos se han generado muchas ideas que van en esa dirección. Algunas de ellas han sido formuladas en las distintas ediciones del Foro Social Mundial; otras han sido expresadas incluso por los organismos de Naciones Unidas (como las contenidas en la propuesta de nuevo acuerdo verde o Green New Deal, en los informes sobre empleos verdes y en recientes documentos como el informe Resilient people, resilient planet) y en las propuestas de la sociedad civil presentadas en el marco de Río+20. Muchas de estas soluciones han sido concretadas para nuestro continente en la propuesta Green New Deal para Europa de Los Verdes europeos.
Todas ellas contemplan reformas encaminadas a la reducción paulatina de la huella ecológica y hacia una economía baja en carbono, buscando nuevas formas de producción y consumo, otro modelo energético y de transporte, y una nueva manera de trabajar y de habitar las ciudades y el medio rural, que implican profundos cambios en nuestras formas de vida. Son reformas que requieren modificaciones sustanciales del sistema financiero europeo e internacional, proponen una amplia reforma fiscal y estimulan la investigación científica y la creatividad industrial hacia una economía verde, de acuerdo con las necesidades reales de la sociedad y los límites de la biosfera.
Otras orientaciones económicas y sociales se imponen. Otro tipo de sociedades son indispensables. Otras prioridades en los valores son deseables: la responsabilidad para con las personas y la sociedad, con los animales y con las generaciones futuras; el equilibrio en las relaciones con la naturaleza; la equidad entendida como no discriminación ni de género ni de ninguna otra clase y como igualdad de oportunidades y protección social; la solidaridad entre las personas, los pueblos y las generaciones; el ahorro, la mesura y la eficiencia en el uso de los recursos; la democracia participativa y prospectiva; el pacifismo activo… Otros valores para abrir caminos hacia un proyecto realista de sociedad y de civilización en el que sea posible la convivencia pacífica y el bienestar humano para toda la población, ajustando el desarrollo a los límites físicos y biológicos del planeta, en un mundo que, aunque no resulte perfecto, sea viable y más justo para todos.
Una nueva propuesta alternativa de sociedad, superadora del capitalismo y el productivismo, en particular en lo que se refiere a un diseño completo de su funcionamiento económico, es algo que está por inventar. Configurar una propuesta de esa naturaleza llevará su tiempo, pues no hay recetarios ni dogmas preestablecidos para elaborarla. También se requerirá una suficiente acumulación de experiencias en esa dirección. Pero hacerlo es imprescindible para iniciar la transición hacia sociedades postmaterialistas y sostenibles, mediante cambios en las formas de producción y consumo, en la educación y la cultura, orientados por el respeto a los límites del planeta y el reparto equitativo de los beneficios del desarrollo. Con un esfuerzo creativo y colectivo de imaginación social para alumbrar, de forma democrática, soluciones adaptadas a las necesidades y posibilidades de la sociedad, formulando alternativas viables a un sistema injusto e insostenible. Es necesario abrazar un nuevo paradigma interpretativo de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza y de los seres humanos entre sí, que deberá plasmarse en un nuevo imaginario colectivo que restaure valores como el esfuerzo, la justicia social y la cooperación. De ahí emergerán, sin duda, otras políticas de protección social y ambiental.
Todo en aras de un supuesto progreso económico que la crisis ha revelado fallido. Es más: ese desarrollismo productivista ha sido una de las causas principales de la crisis que hoy azota la economía mundial. La crisis no es tan sólo financiera, se trata de algo mucho más profundo: es la crisis de un modelo productivo y de consumo claramente insostenible, que debe cambiar. Pero las políticas tradicionales siguen encaminadas solamente a promover la continuidad de ese modelo y a mantener los valores productivistas y consumistas que lo sustentan.La idea de que es el crecimiento y la expansión del sistema económico lo que solucionará la pobreza en el mundo, simplemente no es realista: si todos los habitantes del planeta consumieran lo mismo que los de los países desarrollados, se necesitarían tres planetas, y sólo tenemos uno. La era del despilfarro ya no puede continuar; la autorregulación del mercado ha resultado ser un espejismo. Las políticas tradicionales no han tomado nota de esta realidad e insisten en un modelo de desarrollo inviable y caduco. Los gobernantes nos ofrecen viejas soluciones para problemas que son nuevos… En este contexto la pasividad política no es una opción.
España asiste a un serio retroceso en la acción pública ambiental. Los últimos Gobiernos han ido paralizando progresivamente las políticas ambientales para satisfacer las presiones e intereses de los sectores más vinculados a las actividades desarrollistas. Con la derecha en el Gobierno se inicia una involución de las políticas medioambientales en una deriva pronuclear y antirrenovables y de desprotección ambiental, en un contexto mundial de estancamiento de la agenda climática y ambiental.
Esta parálisis y retroceso en lo ambiental ha ido acompañada de un giro antisocial contra los trabajadores y las trabajadoras y la ciudadanía en general. Con la excusa de la crisis, para dar satisfacción a los intereses y demandas de los mercados financieros, se han puesto en marcha medidas encaminadas a recortar derechos laborales y debilitar el sistema de protección social, que tanta lucha necesitaron para ser instaurados. Las políticas de recortes sociales y la contrarreforma de las relaciones laborales en favor de los empresarios emprendidas por los últimos Gobiernos, han generado una creciente conflictividad, dos huelgas generales y un amplio malestar social.
La derecha ha revelado la naturaleza de su proyecto político en beneficio de los sectores más privilegiados de la sociedad. La socialdemocracia internacional, europea y española está sumida en una profunda crisis de proyecto, incapaz de mantener el Estado del bienestar y de ofrecer una alternativa a la crisis ambiental.
Los grandes partidos comparten de tal modo su identificación con el modelo económico, productivo y financiero que se ha generalizado con la globalización y la supeditación de las instituciones políticas a los poderes económicos, que buena parte de la ciudadanía se siente decepcionada, en particular la más descontenta por la falta de calidad democrática y por la realidad social y ambiental. La irrupción del 15-M y del movimiento de los indignados en todo el mundo, es una de las expresiones públicas más notables de ese rechazo. Rechazo que ha revelado una honda crisis política y las insuficiencias de una democracia demasiado limitada, como la actual. Se requiere una profunda reforma política que, desde una perspectiva de republicanismo ciudadano, devuelva al pueblo la soberanía que le está siendo hurtada y amplíe generosamente los mecanismos de participación y codecisión democrática para la ciudadanía y la sociedad civil. En los últimos cincuenta años, la humanidad ha intervenido sobre la naturaleza y ha transformado los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro periodo de tiempo comparable de la historia. Esto ha contribuido a obtener considerables beneficios para el bienestar humano y para el desarrollo económico, pero no para todos los habitantes del planeta, y se ha realizado a costa de deteriorar el aire, el suelo, el agua y la diversidad biológica.
Este deterioro está provocando la acentuación de la pobreza para millones de personas y miles de comunidades humanas, la extinción de numerosas formas de vida y la pérdida irreversible de los beneficios y servicios proporcionados por los ecosistemas destruidos, haciendo disminuir considerablemente las posibilidades de desarrollo y bienestar de las generaciones presentes y futuras. El uso de recursos ha excedido los límites: la población humana mundial extrae y explota más recursos que los que el planeta puede generar.
La humanidad se encuentra sumida en una deriva progresiva hacia un escenario global de futuro incierto, amenazado por un cambio climático de consecuencias catastróficas, el agotamiento de los recursos no renovables y una crisis sistémica sin precedentes. El cambio climático no amenaza al planeta en tanto que tal, pero sí a la civilización humana. La humanidad corre el peligro de perder el control sobre su propio destino.
En el pasado reciente se había extendido la ilusión de que bastaría con una toma de conciencia de los Gobiernos sobre la importancia de la dimensión ambiental para propiciar los cambios necesarios. La formulación del desarrollo sostenible en sus dimensiones ambiental, social y económica, la adopción de compromisos concretos en las Cumbres de Río 92 y Johannesburgo 2002, junto con la firma de los convenios de Cambio Climático, de Biodiversidad y de Lucha contra la Desertificación, parecían iniciar la senda del cambio. Pero no ha sido así.
En estos veinte años, la presión sobre los ecosistemas y su degradación, la desaparición de especies, el agotamiento de recursos no renovables, la pérdida de suelo, agua y atmósfera disponibles, la huella ecológica, la contaminación, las enfermedades de origen ambiental…, han seguido creciendo a mucha mayor velocidad que en los veinte años anteriores, sin que hayamos resuelto los principales problemas sociales. Mil millones de personas no disponen de agua potable, dos mil millones no tienen acceso a la energía eléctrica y tres mil millones viven con menos de dos euros al día.
Los motivos de este fracaso —a pesar de que desde Río 92 se sabe que el modelo vigente es insostenible y se conoce lo que hay que hacer para cambiarlo— han sido la falta de voluntad política y la estructura económica convencional. Ambas, de forma combinada, han permitido que los intereses económicos generados por un sistema capitalista y productivista, se erigieran como los obstáculos principales para el cambio.
EQUO Puertollano 